Desarrollos
clave desde mayo del 2000: Por primera vez las Fuerzas Armadas habían
expresado al Monitor de Minas Terrestres que el Salvador tiene un arsenal de
5.657 minas antipersonal. Aunque el Gobierno mismo se ha declarado “libre
de minas” el Grupo de Desminado Internacional y su organización
socia CORDES, identificaron 53 sitios afectados por minas y pertrechos sin
detonar en las provincias de Chalatenango, Cabañas, Cucatlán y
Usulután. Un proyecto de acción contra las minas, incluyendo
desminado, se había programado por la IDG para comenzar en la ultima
parte del 2001. El Salvador no ha presentado su informe inicial de
transparencia del Articulo 7 que debía entregar el 27 de diciembre de
1999.
Política de prohibición de minas
El Salvador firmó el Tratado para la
Prohibición de las Minas el 4 de diciembre de 1997, la Asamblea Nacional
aprobó la ratificación el 25 de noviembre de 1998 y el instrumento
de ratificación fue depositado el 27 de enero de
1999.[1] El tratado entró
en vigor el 1 de julio de 1999. El Salvador no ha promulgado una
legislación nacional para la implementaron del Tratado para la
Prohibición de las Minas.
El Salvador no ha presentado su informe inicial de transparencia del Articulo
7 que se debía entregar el 27 de diciembre de 1999 ni los informes
anuales actualizados que se debían entregar el 30 de abril del 2000 y el
30 de abril del 2001. En mayo del 2001 el director de Seguridad y Defensa del
Ministerio de Relaciones Exteriores Francisco Fernández expresó al
monitor de minas que el “tomaría las medidas apropiadas para enviar
ambos informes a la Secretaria General de las Naciones Unidas en junio del
2001".[2]
El Salvador asistió a la Segunda Reunión de los Estados Parte
en septiembre del 2000. No participó en las reuniones del Comité
Permanente Intersesional en diciembre del 2000, pero si asistió a la mayo
del 2001. En noviembre del 2000 representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores de El Salvador y del Ministerio de Defensa asistieron al Seminario
Regional sobre destrucción de arsenales en las Américas, que tuvo
lugar en Buenos Aires. También en noviembre, El Salvador votó a
favor de la Resolución 55/33V de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en apoyo al Tratado para la Prohibición de las Minas.
Landmine Survivors Network LSN (Red de Víctimas Sobrevivientes)
está implementando un programa de Capacitación en
Representación de Sobrevivientes de Minas Terrestres, que se centra en la
región de las Américas para el
2000/2001.[3] Las víctimas
sobrevivientes de minas terrestres de cinco países de la región
incluyendo El Salvador participaron en la primera sesión de entrenamiento
que tuvo lugar en Ginebra en mayo del 2001, al mismo tiempo que las reuniones
del Comité Permanente intersesional. Una segunda sesión de
entrenamiento se llevará a cabo durante la Tercera Reunión de los
Estados Parte en Managua en septiembre del 2000.
El Salvador no es parte de la Convención sobre Armas Convencionales
(CAC) y no asistió a la Segunda Conferencia Anual de Estados Parte al
Protocolo II Enmendado anexo a la CAC en diciembre de 2000.
Producción, transferencia y uso de minas terrestres
No se sabe que El Salvador haya producido y
exportado minas antipersonal, pero ha importado una cantidad considerable de
minas, incluyendo minas Claymore M-14, M-26 y M18A1, de los Estados
Unidos.[4] Las guerrillas del
Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí ha hecho una
cantidad significante de minas antipersonal caseras y dispositivos explosivos
improvisados. Ambos lados del conflicto interno usaron minas desde 1980 al
1992.
Almacenamiento y destrucción de minas
El Gobierno había informado previamente que
desde marzo de 1993 hasta enero de 1994 la División de Armas y Explosivos
(DAE) de la Policía Nacional Civil destruyó todas las minas
antipersonal que quedaban almacenadas por las Fuerzas Armadas
Salvadoreñas. El Salvador informó sobre la destrucción de
estas minas al Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) en abril del
1997.[5]
Sin embargo, en una respuesta detallada al Monitor de Minas Terrestres
enviada en mayo del 2000 el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas de El Salvador, General Álvaro Antonio Calderón Hurtado
informó que El Salvador tenía un arsenal de 5.657 minas terrestres
antipersonal, incluyendo 4.937 M-14 y 720 minas antipersonal M-26, almacenadas
en diversas partes del
país.[6]
Dando respuesta al Monitor de Minas Terrestres, Las Fuerzas Armadas de El
Salvador proveyeron información sobre un plan de destrucción de
arsenales que contenía tres
fases.[7] La primera fase, desde
el 1 de julio al 31 de agosto de 1999, cubriría las minas mantenidas por
unidades militares y transferidas al batallón de materiales de guerra
CALFA. En la segunda fase, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 1999,
las minas serían revisadas para ver su estado operacional y serian
clasificadas de acuerdo a eso. En la tercera fase, las minas almacenadas serian
destruidas comenzando en enero del 2000 para terminar en julio del 2003. Las
primeras minas que serian destruidas serian aquellas clasificadas como tipo
“C” (“deterioradas” o “en condición
inservible”). Aunque el General indicó que la destrucción
comenzaría en enero del 2000 no se ha reportado ninguna
destrucción de minas en los medios de comunicación ni a otros
Estados Parte por medio del Comité Permanente para la Destrucción
de las Minas Terrestres.
Aunque sin hacer mención de la destrucción de arsenales en 1993
y 1994 reportada a la OEA la respuesta al Monitor de Minas Terrestres menciona
que incluso antes de que existiera el Tratado para la Prohibición de
Minas Terrestres, la Fuerzas Armadas Salvadoreñas habían destruido
1.010 minas antipersonal M-14 en 1996 bajo Operación
“Borbollón”.[8]
El 10 de mayo del 2000 se produjo una explosión en un sitio de
almacenamiento de municiones que hizo tambalear a la capital San Salvador
hiriendo seriamente a mas de 15 personas en el sitio de almacenamiento, 50
personas en la vecindad y dañando mas o menos 700
casas.[9] Las municiones
habían sido almacenadas debajo de un cuartel situado en una zona
residencial de San Salvador, en la Brigada Especial de la Seguridad Militar
(BESM) que habían sido anteriormente los cuarteles principales de la
Guardia Nacional. Voceros de los militares habrían dicho a los medios de
comunicación que el arsenal de la BASM incluía granadas M67 y M90,
cohetes y minas terrestres.[10]
Después de críticas al Ejército por la manera de manejar
las municiones y el uso de depósitos urbanos para almacenar explosivos,
las autoridades expresaron que trasladarían otros 13 arsenales a
áreas menos pobladas. El ex ministro de Defensa, General Humberto Corado,
reconoció la falta de recursos de las Fuerzas Armadas para tal almacenar
municiones como
corresponde.[11]
Después de los acuerdos de Paz de 1992 algunos combatientes del FMLN
no habrían entregado todas sus armas y todavía quedarían
muchas armas en manos de civiles, en depósitos ilegales conocidos como
“tatus”,[12] estos
depósitos contenían minas terrestres o “artefactos
explosivos que podían ser modificados para ser usados como minas
terrestres o explosivos
improvisados”.[13]
Problemas de pertrechos sin detonar
En el pasado un número de funcionarios del
gobierno declararon a El Salvador territorio libre de
minas.[14] En mayo del 2000 un
funcionario del gobierno expresó al Monitor de Minas Terrestres,
“Nos han dado un certificado donde declaramos que El Salvador es una zona
libre de minas. Por supuesto siempre existe un margen de error pero no hemos
tenido ningún
accidente”.[15] En mayo de
1999 el Vice Ministro René Eduardo Domínguez expresó en la
Primera Reunión de los Estados Parte “Nosotros podemos afirmar
orgullosamente hoy día que somos un país libre de minas”.
[16]
Entre marzo de 1993 y enero de 1994 una compañía belga,
International Danger and Disaster Assistance (IDAS), hizo la remoción de
sitios cubriendo 428 kilómetros cuadrados de
terreno.[17] IDAS garantizó
que el 97% de las minas habían sido limpiadas, pero un funcionario de
Gobierno reconoció que la operación de remoción de minas
por la IDAS solamente había cubierto aquellos campos de minas
identificados y no había abordado el problema de las pertrechos sin
detonar que requiere otro tipo de
proceso”.[18] El Teniente
Coronel José Ernesto alas Sansur de las Fuerzas Armadas expresó al
Monitor de Minas: “IDAS no nos garantizó una remoción
completa de minas, de modo que El Salvador tiene 3% de minas en aquellos campos
de minas identificados cuya remoción y destrucción es
compleja”.[19]
En mayo del 2001 un informe de los medios de comunicación
advirtió que varios departamentos todavía estaban en riesgo de
minas terrestres y de pertrechos sin detonar incluyendo San Salvador,
Cabañas, San Vicente, Usuluatán, Morazán y
Chalatenango.[20] Marcos Alfredo
Valladares, que en ese entonces era el Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDHH) expreso a los medios de comunicación:
“Muchos han concluido que el país esta libre de minas, pero eso es
un contraste con la
realidad”.[21] De acuerdo a
Valladares, además del peligro físico, existe un impacto
económico porque los campesinos tienen miedo de cultivar un campo donde
se ha encontrado un explosivo.[22]
Valladares manifestó que una de las razones por el “tema olvidado
del desminado” en El Salvador era que los medios de comunicación
muy rara vez cubrían incidentes donde estuvieran implicadas minas y
pertrechos sin detonar.[23]
Desde 1998 el Grupo de Desminado Internacional (IDG) ha efectuado misiones de
evaluación y estudio en El Salvador para investigar la presencia de
campos de minas y de áreas afectadas por pertrechos sin detonar que no
hayan sido reconocidas.[24] De
acuerdo a IDG las minas terrestres están “efectivamente obstruyendo
el proceso de reconstrucción social y económica en las
áreas rurales del
país”.[25]
Con su ONG Salvadoreña socia, la Fundación para la
Cooperación del Desarrollo Comunal del Salvador (CORDES), y IDG ha
identificado 53 sitios que están afectados por las minas y pertrechos sin
detonar, de los cuales o no se sabía de su existencia o no habían
sido registrados. El área cubierta total se estima en 150
kilómetros cuadrados en los departamentos de Chalatenango,
Cabañas, Cucatlán y Usulután. La IDG identificó
estos sitios mediante visitas, inspecciones y remoción de minas
terrestres. Además de las minas antipersonal la IDG encontró
trampas explosivas, granadas de mano, cartuchos de morteros y cohetes, todos los
cuales estaban en un estado de funcionamiento u operacionales, pero las
espoletas se habían deteriorado en algunos de los explosivos
haciéndolos inestables. En mayo 2001 lo explosivos se entregaron a la
División de Armas y Explosivos de la Policía Civil Nacional en
presencia de un funcionario de la Oficina del Procurador General Para Derechos
Humanos y un periodista.[26]
Remoción de minas
De acuerdo a las Fuerzas Armadas
Salvadoreñas después de la guerra, el Ejercito habría
limpiado todas las minas cercanas a las bases militares y a centros
económicos vitales, destruyendo un total de 8.500 minas
antipersonal.[27]
El International Demining Group ha trabajado estrechamente coordinado con la
Oficina de la Procuradoría General de los Derechos Humanos (PDDHH) la
cual, según la IDG, es el organismo gubernamental responsable del
cumplimiento del Tratado para la Prohibición de las
Minas.[28] En 1999, la Oficina del
Procurador General obtuvo apoyo en aviación de las Fuerzas Aéreas
Salvadoreñas para misiones de inspección y visitas a
terreno.[29] En abril del 2001 la
IDG firmó un acuerdo de cooperación para la remoción de
minas con la Oficina del Procurador para Derechos Humanos, y un componente de
inspección de 6 meses de un proyecto piloto se programó para
comenzar a finales del 2001.[30]
En cooperación con CORDES, el proyecto piloto fue implementado en tres
comunidades rurales en los departamentos de Cabañas y Chalapenango al
Norte de El Salvador los que fueron seleccionados por CORDES como altamente
prioritarios.[31] El proyecto
piloto incluyó un renovado nivel de inspección uno, haciendo mapas
y marcando las áreas sospechosas de minas, remoción de minas y
sensibilización sobre minas con base a al comunidad. La educación
en sensibilización sobre minas está enfocada a los niños
como a las mujeres, líderes comunitarios y agricultores usando
métodos que incluyen estaciones de radios nacionales y
locales.[32] De acuerdo a la IDG
los equipos de acción contra las minas (MATS) capacitados para la
remoción de minas, sensibilización sobre minas, inspección
y actividades de evaluación e inspección serán usados para
tal proyecto.[33] MATS se
integrará con CORDES proporcionando un enlace directo entre la
remoción de minas y el desarrollo comunitario dentro de la
institución mientras que la Iglesia Católica y Luterana
ayudarán participando en los procesos de recolección de datos para
evaluación del problema de las minas en las áreas piloto. De
acuerdo a la IDG esto va ha permitir a que la institución y CORDES
desarrollen programas operacionales futuros una vez que se complete el proyecto
piloto.[34] De acuerdo a un
informe de los medios de comunicación de mayo del 2001 el Comité
Interinstitucional en Derecho Internacional (CIDIH-ES), la Cruz Roja
Salvadoreña y miembros de la Comisión de Relaciones Externas de la
Legislatura Nacional se reunieron para analizar una iniciativa para
legislación con respecto a remoción de minas en El
Salvador.[35]
El Salvador contribuye a los esfuerzos de remoción de minas en la
América Central. De acuerdo a un funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores, diez Salvadoreños actualmente participan en el programa OEA
PADCA en Costa Rica, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.[36]
Víctimas de las minas
Es difícil tener un cuadro acertado del
número de víctimas de minas terrestres y de pertrechos sin detonar
en El Salvador. Pocas fuentes están de acuerdo tanto en la cantidad como
en la tendencia. De acuerdo a las Fuerzas Armadas Salvadoreñas no existe
información disponible sobre víctimas civiles de minas
antipersonal.[37]
Un Diputado de la Asamblea Legislativa expreso al Monitor de Minas Terrestres
que había aproximadamente dos incidentes por mes en las arreas rurales
debido a artefactos de artillería sin detonar y que en el 2000 hubo 25
víctimas de incidentes con minas antipersonal o pertrechos sin
detonar.[38] En diciembre del
2000, IDG declaró que, según datos recopilados por CORDES, las
instalaciones de minas y de artefactos de artillería sin detonar ha
aumentado.[39] El programa de la
Red de Sobrevivientes de Minas Terrestres en El Salvador expresó que los
incidentes de pertrechos sin detonar parecen casos aislados pero que de hecho
son frecuentes.[40] De acuerdo al
LSN hubo incidentes recientes en Morazán, Usulután, San Vicente y
Chanatenango.
La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) no mantiene
un registro de la gente discapacitada por minas terrestres o pertrechos sin
detonar.[41] En Mayo del 2001 la
Asociación Salvadoreña de Discapacitados expreso al Monitor de
Minas Terrestres que no había asistido a ninguna víctima ya sea de
minas o de pertrechos sin detonar en el 2000 o en el
2001.[42]
La información sobre víctimas de minas terrestres y UXO ha sido
recolectada a partir de informes de los medios de comunicación. El 30 de
Octubre de 2000 dos agricultores fueron muertos por una granada de mortero de 81
milímetros que encontraron en Cerro El Pedregal cerca de la ciudad de San
Antonio Los Ranchos, en el Departamento de
Chalatenango.[43] Según los
informes, las víctimas venían de vuelta de su trabajo cuando
encontraron la granada mortero (comúnmente llamada papaya por su forma) y
creyeron que estaba inactiva. El mortero explotó cuando ellos la
llevaban a casa.
El 27 de Febrero del 2000 tres niños fueron muertos por un explosivo
no identificado mientras buscaban langostinos en el cantón El Carrizal,
San Simón en el Departamento de Morazán en el Este del
país.[44] El incidente
ocurrió en el barranco El Caracol donde lo niños a menudo jugaban
y solo a unos metros de la casa de dos de ellos.
El 26 de mayo del 2001 un campesino fue muerto y otro herido por lo que se
informó como una “granada militar” en el Cantón Piedra
Grande Arriba al Norte de
Zacatecoluca.[45] Según las
informaciones las dos personas habían encontrado la granada mientras
trabajaban los campos y la traían de vuelta a casa donde explotó
cuando trataron de abrirla.
Asistencia a las víctimas sobrevivientes y políticas y
prácticas sobre discapacidades
El Director Ejecutivo de la Asociación
Promotora de la Organización de Discapacitados de El Salvador (PODES),
expresó al Monitor de Minas Terrestres que de acuerdo al censo de 1992
habían 81.721 personas con discapacidades en El Salvador en ese
año.[46]
PODES ha estado produciendo aparatos de prótesis y ortopedia desde
1993 y actualmente tiene 22 empleados incluyendo 16 discapacitados de
guerra.[47] Hasta mayo del 2001
PODES había proporcionado asistencia a un total de 1.416 personas
incluyendo 890 personas discapacitadas por la guerra. 65% de sus pacientes eran
personas discapacitadas debido a minas antipersonal. Además de los
talleres que lleva a cabo en San Salvador PODES tiene talleres más
pequeños en Morazán, Usulután, Cabañas,
Cuscatlán, Chaltenango y Santa Ana. Actualmente PODES busca apoyo
financiero adicional para el fondo Social de Ayuda a las Personas Pobres
Discapacitadas. La Fundación Vietnam Veterans of America (VVAF)
proporciona asistencia financiera anual y adiestramiento a PODES. En el 2000
VVAF proporcionó $80.000 para ayudarle en sus
actividades.[48]
El Informe del Monitor de Minas 2000 listó varias otras
instituciones que proporcionaban asistencia con prótesis incluyendo la
Fundación Teletón, el Centro de Rehabilitación del
Ejército, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de
Inválidos del Gobierno, la Universidad Don Bosco, la Asociación de
Lisiados de las Fuerzas Armadas, y
otras.[49]
El Ejército tiene una institución para heridos de guerra, la
cual incluye una clínica para prótesis. Inicialmente la
asistencia se proporcionaba solamente a soldados, desde entonces se ha hecho
disponible también a
civiles.[50]
LSN, con sede en los Estados Unidos, actualmente estableció un
programa en el país y un presupuesto para el año 2001 para El
Salvador de $145.000.[51] La LSN
busca mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes de minas terrestres por
medio de asesoría y usando los recursos existentes en el país
antes de brindar apoyo directamente a los sobrevivientes de minas. Coordina
sus actividades con hospitales, centros de salud y con organizaciones no
gubernamentales para proporcionar la asistencia.
Canadá ha contribuido con $750.000 canadienses (cerca de $500.000 US)
a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1999 como parte de
una iniciativa de cinco años, con $3.5 millones canadienses (cerca de
US$2.34 millones) para ayuda a las víctimas en Nicaragua, Honduras y El
Salvador.[52] Participaban en el
programa tripartito OPS, Canadá (a trabes del International Centre for
Community Based Rehabilitation de la Universidad de Queens) y México. De
acuerdo al IRD, el proyecto consiste en desarrollar servicios rurales de
rehabilitación, programas de rehabilitación sustentable a largo
plazo basados en la comunidad, desarrollo en materia de prótesis y
ortopedia y reintegración socio-económica de las víctimas
de minas terrestres. En el 2000 el programa dio apoyo a una misión de
planificación del equipo de reintegración económica a El
Salvador y Honduras y coordinó el desarrollo de un sistema de
información de salud.
El Sierra Club en la Provincia de Colombia Británica, Canadá,
recibió $125.000 canadienses (cerca de $84.000 US) por medio del programa
de IRD “Taping Creativity” destinado a la iniciativa de asistencia a
las víctimas en El
Salvador.[53] La iniciativa
capacita a las victimas de minas en el desarrollo de tecnologías
propicias al medio ambiente. Canadá ha contribuido con $325.000
canadienses (cerca de $218.000 US) al proyecto desde 1998.
Del 18 al 19 de junio del 2000 técnicos de prótesis de el
Salvador asistieron a la Primera Conferencia Regional de Asistencia a las
Víctimas, Rehabilitación y Tecnologías, organizada por la
OEA y el Centro para Rehabilitación Internacional (CIR) en Managua,
Nicaragua.[54]
[1] Respuesta al cuestionario del Monitor de
Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón Hurtado, Jefe del
Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 8 de mayo del
2001. [2] Entrevista con Francisco
González, Director de Seguridad y Defensa, Ministerio de Asuntos
Exteriores, San Salvador, 28 de mayo del
2001. [3] Red de Sobrevivientes de Minas,
“Report: Raising the Voices Landmine Survivor Advocate Training
Program”, del 5 al 12 de mayo del
2001. [4] El Departamento del Estado de
los Estados Unidos ha informado que de 1982 a 1990, Los Estados Unidos dieron a
El Salvador 4,140 M-14s, 720 M-24s y 47,244 M18A1s. Hojas Informativas,
“US Landmine Sales By Country” y “Foreign Military Sales of US
Mines”, recibidas por Human Rights Watch el 23 de febrero de 1994.
[5] Véase Informe del Monitor de
Minas Terrestres 2000, p. 269. No se sabe si minas tipo Claymore fueron
incluidas en la destrucción. [6]
Respuesta al cuestionario del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro
Antonio Calderón Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas
de El Salvador, 8 de mayo del 2001. [7]
Ibid. [8]
Ibid. [9] “Salvadoran munitions
store blows up injuring 44”, Agence France Presse (San Salvador) 10 de
mayo del 2000; “Caos por explosión de arsenal Fuerza Armada”,
La Prensa Gráfica, 11 de mayo del 2000; Leonel Hernández,
“¿Existe control de arsenales?” El Diario de Hoy, 12 de mayo
del 2000; “Negligence to blame explosion at army arsenal”,
Inforpress Centroamericana, 2 de junio del
2000. [10] Rosemarie Mixco y Alberto
López, “Incendio fue contingencial”, El Diario de Hoy, 11 de
mayo del 2000. Una semana después, un especialista en explosivos de la
Policía Nacional, y el Mayor Coronel del Comando de Ingenieros de las
Fuerzas Armadas (CIFA) fueron asesinados cuando once granadas morteras
explotaron en una instalación militar en Tapalhuaca, San Juan Noualco, en
el departamento de La Paz. El incidente, el cual también hirió a
un número de soldados y periodistas, ocurrió cuando el personal
estaba tratando de destruir las municiones restantes de la explosión en
el BESM. Jaime García, “Tragedia por explosión”, El
Diario de Hoy, 18 De mayo del 2000; “Las últimas palabras de una
víctima”, El Diario de Hoy, 18 de mayo del
2000. [11] Jaime García,
“Tragedia por explosión”, El Diario de Hoy, 18 de mayo del
2000; “Las últimas palabras de una víctima”, El Diario
de Hoy, 18 de mayo del 2000. [12]
International Demining Group, “Pilot Programme: A proposal for
community-based humanitarian mine action and development”, diciembre del
2000, p. 7. Enviado por correo electrónico al Monitor de Minas
Terrestres (MAC) de Graeme Goldsworthy, Director, IDG, 8 de junio del 2001.
[13] Graeme Goldsworthy y Frank Faulkner,
“Esta dura tierra: la renovación de la acción humanitaria
contra las minas en El Salvador”, p. 4. Artículo en español
enviado por correo electrónico al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de
Graeme Goldsworthy, Director, IDG, el 8 de junio del 2001. Publicado en
inglés por James Madison, Centro Universitario de Información
sobre la Acción contra las Minas, Journal of Mine Action, junio del
2001. [14] Entrevista con Mauricio
Granillo Barrera, Embajador de El Salvador para la OEA, Washington DC, 16 de
febrero de 1999. [15] Entrevista con el
Coronel Sidney Redón, Embajada de El Salvador en Guatemala, Guatemala
City, 9 de mayo del 2000. [16]
Declaración por el Viceministro de Relaciones Exteriores René
Eduardo Dominguez a la First Meeting of States Parties to the Mine Ban Treaty,
Maputo, 4 de mayo del 1999. Traducción por el Monitor de Minas
Terrestres. [17] Respuesta al cuestionario
del Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón
Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 8 de
mayo del 2001; Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”,
Vértice, El Diario de Hoy (San Salvador), 20 de mayo del
2001. [18] Entrevista con Teniente
Coronel Jose Ernesto Alas Sansur, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
San Salvador, 18 de mayo del 2001. [19]
Ibid. [20] Ana Lidia Rivera, “La
Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo
del 2001. [21] Marcos Alfredo Valladares,
PDDHH, en Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de tierra”,
Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del
2001. [22] Ana Lidia Rivera, “La
Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo
del 2001. [23]
Ibid. [24] International Demining Group,
“Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action
and development”, diciembre del 2000, p.
2. [25] Ibid, p.
1. [26] Graeme Goldsworthy y Frank
Faulkner, “Esta dura tierra: la renovación de la acción
humanitaria contra las minas en El Salvador”, p. 9. Se incluían
28 minas antipersonal de fragmentación caseras, dos IED, una granada de
mano improvisada, un misil, un mortero de 64mm, y dos minas caseras de
fragmentación de detonación por comando, todos estos
artículos estaban activos.Véase Ana Lidia Rivera, “La Muerte
a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del
2001. [27] Respuesta al cuestionario del
Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón
Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 25 de
enero del 2001. [28] Graeme Goldsworthy y
Frank Faulkner, “Esta dura tierra: la renovación de la
acción humanitaria contra las minas en El Salvador”, p.
7. [29] International Demining Group,
“Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action
and development”, diciembre del 2000, p.
5. [30] Correo electrónico de
Graeme Goldsworthy, IDG, al Monitor de Minas Terrestres (MAC), 31 de julio del
2001; Véase también, Ana Lidia Rivera, “La Muerte a flor de
tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, 20 de mayo del
2001. [31] International Demining Group,
“Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action
and development”, diciembre del 2000, p.
9. [32] Ibid, p.
10. [33] Ibid, p.
5. [34]
Ibid. [35] Ana Lidia Rivera, “La
Muerte a flor de tierra”, Vértice, El Diario de Hoy, San Salvador,
20 de mayo del 2001. [36] Entrevista con
Francisco González, Director de Seguridad y Defensa, Ministerio de
Asuntos Exteriores, San Salvador, 18 de mayo del
2001. [37] Respuesta al cuestionario del
Monitor de Minas Terrestres por el General Alvaro Antonio Calderón
Hurtado, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas de El Salvador, 25 de
enero del 2001. [38] Entrevista con el
Diputado Pablo Parada Andino, Asamblea Legislativa, San Salvador, 28 de mayo del
2001. [39] International Demining Group,
“Pilot Programme: A proposal for community-based humanitarian mine action
and development”, diciembre del 2000, p.
10. [40] Correo electrónico al
Monitor de Minas Terrestres (MAC) de Jesús Martínez, Director, Red
de Sobrevivientes de Minas/ El Salvador, 23 de julio del
2001. [41] Entrevista telefónica
con Concepción Marroquín, ALGES, El Salvador, 18 de mayo del
2001. [42] Entrevista telefónica
con Porfirio Figueroa, ASALDIG, El Salvador, 18 de mayo del
2001. [43] Ana Lidia Rivera, “La
Muerte a flor de tierra”, El Diario de Hoy, 20 de mayo del
2001. [44]
Ibid. [45] Mauricio Bolaños,
“Un Muerto y un herido al explotar ‘granada militar’”,
La Prensa Gráfica (San Salavdor), 29 de mayo del
2001. [46] Correo electrónico al
Monitor de Minas Terrestres (MAC) de José Leonidas Argueta Roldán,
Executive Director, PODES, 24 de mayo del
2001. [47]
Ibid. [48] Correo electrónico al
Monitor de Minas Terrestres (HRW) de William Brown, Deputy for Administration,
Vietnam Veterans of America Foundation, 23 de julio del
2001. [49] Carta de Wanda Amory, PODES, a
Wendy Batson, Director of Humanitarian Affairs, VVAF, 17 de julio del
2000. [50] Entrevista con el Coronel
Sidney Rendón, Embajada de El Salvador en Guatemala, Guatemala, 9 de mayo
del 2000. [51] Correo electrónico
al Monitor de Minas Terrestres (MAC) de Jesús Martínez, Director,
Red de Sobrevivientes de Minas/ El Salvador, 23 de julio del
2001. [52] Sitio
web“Safelane”, del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Canadá, Informe sobre Centro América, publicado el 29 de junio del
2000, modificado por última vez el 27 de marzo del 2001. Vea
www.mines.gc.ca/IV_D_ii-e.asp. [53]
Ibid. [54] “Ayudarán
más a víctimas de minas antipersonales. Primera conferencia
regional de rehabilitación y tecnología”, El Nuevo Diario
(Managua), 19 de junio del 2001.
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