San Cristóbal y Nevis firmaron el Tratado
para la Prohibición de las Minas el 3 de diciembre de 1997. lo
ratificaron el 2 de diciembre de 1998, y el Tratado entró en vigor el 1
de junio de 1999. No se cree que se haya promulgado una Legislación
Nacional para su implementación. San Cristóbal y Nevis presentaron
su informe inicial de transparencia del Artículo 7 el 16 de mayo del
2000, pero todavía no ha presentado el informe anual subsecuente que
debía presentar el 30 de abril del 2001. San Cristóbal y Nevis
votaron a favor de la Resolución 55/33V de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en apoyo al Tratado para la Prohibición de las Minas.
Nunca han producido, transferido, usado ni almacenado minas antipersonal y es un
territorio libre de minas.[1]